El hoy controvertido Daron Acemoglu —publicación The Economist mediante— lleva dos décadas repitiendo la misma tesis: las economías no crecen de forma sostenida por su geografía ni por su cultura, sino por sus instituciones. Las economías extractivas concentran poder y rentas en una élite; mientras las inclusivas reparten el poder político lo suficiente como para que la destrucción creativa —la innovación que desplaza a los incumbentes— tenga incentivos para ocurrir.
No. No vamos a caer en el juego sobre si Chile es una economía extractiva (no la es, por las dudas), pero sí podemos tensionar el carácter inclusivo de nuestra apuesta por el desarrollo, por la entrada de nuevos jugadores o industrias, o por la facilidad necesaria para que logremos las condiciones mínimas para apostar por un crecimiento sostenido.
La comparación es elocuente.
Del top 10 mundial de capitalización bursátil de 2006, solo Microsoft sigue hoy en este ranking. Exxon Mobil, General Electric, Gazprom, Citigroup, BP, HSBC, Wal-Mart y Toyota quedaron fuera, desplazadas por Nvidia, Apple, Alphabet, Amazon, TSMC y Meta. En el IPSA la foto es otra: de las diez mayores compañías chilenas de hace veinte años, al menos cinco siguen en el top 10 de 2026.
Esa persistencia no es un fracaso —lejos de eso— es más bien la prueba de un desafío que no hemos podido sortear. El líder absoluto en el juego del litio mundial es una empresa chilena; la banca local exhibe una solvencia que muchos países quisieran; y el retail chileno es un jugador de nivel regional.
El problema es que no tenemos nuevos liderazgos, nuevos gigantes en nuevos sectores, compañías top en nuevas industrias como la tecnología, recursos naturales o minería. Como país no hemos sido capaces de generar las condiciones inclusivas para que nuevos actores emerjan en esta nueva economía global.
Irlanda, Nueva Zelanda o Canadá muestran la ruta alternativa. Irlanda es líder en índices globales de innovación gracias a una política deliberada de atracción de capital intensivo en I+D. Nueva Zelanda y Canadá invierten casi dos puntos del PIB en investigación y desarrollo, mientras que Chile llega apenas a un 0,4% —último lugar entre los países de la OCDE, cuyo promedio bordea el 2,7%.
El Índice Global de Innovación (WIPO, 2025) lo confirma con una asimetría reveladora: Chile ocupa el puesto 43 en insumos —educación, infraestructura, sofisticación de mercado— pero cae al 63 en resultados, es decir, patentes, tecnología, producción creativa.
Y esa brecha ya no es solo un problema de crecimiento potencial. Es un problema de empleo. El Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre del Banco Central dedica un recuadro completo a documentarlo: el desempleo llega a casi 10%, con una persistente destrucción de puestos formales, donde el Central identifica dos causas: el alza de costos laborales y, cada vez con más peso en la evidencia, la automatización. Los trabajadores en ocupaciones de alta exposición a la automatización tienen menor probabilidad de seguir empleados en el sector formal tres años después, y ese efecto es aún mayor entre los menores de 30 años.
Ahí está la peor combinación posible. Chile no logra crear las industrias tecnológicas que generan empleo nuevo y calificado, pero sí está absorbiendo el lado destructivo de la tecnología —la sustitución de trabajo por automatización— sin la contrapartida de creación de empleo que sí obtienen las economías que invierten en innovación de verdad. Se pierde por los dos lados.
Así, el Banco Central bajó su proyección de crecimiento para 2026 de 1,0%-1,75% a apenas 0,25%-0,75%, castigada por la debilidad de la demanda interna, los fenómenos climáticos, la sostenida caída en las expectativas y una menor producción minera. Recién en 2027 y 2028 —con la Ley de Reconstrucción como principal apuesta de reactivación— se proyecta un rango de crecimiento de 2%-3% y 2,25%-3,25%, respectivamente. Son cifras de recuperación cíclica, no de despegue estructural.
Y aquí entra la coyuntura política. El ministro Iván Poduje tuvo razón esta semana cuando calificó de “absolutamente inconducente” la discusión sobre a qué gobierno le corresponde la culpa del estancamiento. No porque las políticas de cada administración sean irrelevantes —lo son, y mucho, en el margen—, sino porque el rezago en innovación que explica buena parte del estancamiento estructural chileno no se instaló en cuatro años de ningún color político. Se acumuló durante dos décadas de gasto en I+D estancado bajo el 0,4% del PIB, cualquiera fuera el gobierno de turno.
Culpar a la administración anterior o a la actual es una cancha cómoda: permite discutir sobre personas en lugar de estructuras. La pregunta que Chile no se ha hecho en serio —la que sí se hicieron Irlanda y Nueva Zelanda hace treinta años— es por qué no se han creado las condiciones necesarias para la innovación. Una pregunta incómoda y sin una respuesta única.