Un correo oficial del Programa de Derechos Humanos tensiona la versión del Ministerio de Justicia tras reconocer instrucciones para no apelar ni alegar en causas de lesa humanidad, mientras la Subsecretaría asegura que las decisiones se evalúan individualmente.
Nuevos antecedentes reabrieron la controversia al interior del Ministerio de Justicia luego de que un correo institucional contradijera la versión entregada públicamente por el ministro Fernando Rabat respecto de un presunto instructivo que limitaría la participación de abogados del Estado en causas de derechos humanos.
El secretario de Estado había asegurado que “no existe una instrucción de este ministro”, desestimando las acusaciones levantadas por la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, organización que alertó sobre la eventual ausencia de representación estatal en audiencias relacionadas con beneficios penitenciarios o rebajas de pena.
Correo interno reconoce instrucciones operativas
Sin embargo, un correo electrónico enviado por la directora del Programa de Derechos Humanos, Constanza Garrido, y revelado por Radio Bío Bío, introduce nuevos elementos en la polémica.
En el mensaje, la funcionaria señala que durante las últimas semanas habría recibido instrucciones orientadas a no alegar ni apelar en causas que se encuentran en etapa de cumplimiento de condena, proponiendo además establecer criterios internos de trabajo frente a dicha situación.
El documento indica que los abogados deben informar previamente cualquier intención de alegar, adjuntando minutas jurídicas, y que en aquellos casos donde se mantenga la instrucción de no intervenir, la respuesta institucional sería comunicar que la decisión corresponde a la autoridad competente, junto con su respectiva fundamentación.
La comunicación también reconoce que la aplicación de estas directrices podría generar dificultades operativas dentro del programa.
Subsecretaría insiste en análisis “caso a caso”
Tras la difusión del correo, la Subsecretaría de Derechos Humanos de Chile emitió un comunicado reafirmando que las actuaciones jurídicas vinculadas a causas de derechos humanos responden a políticas de Estado y mantienen continuidad administrativa.
La repartición destacó la vigencia del Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia, establecido mediante el Decreto Supremo N° 98 de 2023, asegurando que el Programa de Derechos Humanos continúa desarrollando diligencias investigativas y coordinaciones institucionales.
Según el documento oficial, las decisiones relativas a interponer recursos, alegar o ejercer acciones judiciales se adoptan bajo protocolos vigentes desde 2017 y se basan en un análisis individual de cada causa.
“Todas las actuaciones se definen caso a caso considerando antecedentes técnicos, sentencias judiciales e informes especializados”, señalaron desde la Subsecretaría, descartando la existencia de una orden general para suspender la tramitación de procesos.
Debate político y judicial abierto
Los nuevos antecedentes mantienen abierto el debate sobre el rol del Estado en causas de lesa humanidad y el alcance real de las directrices internas del Ministerio de Justicia.
Mientras la autoridad política niega la existencia de un instructivo formal, el contenido del correo institucional vuelve a instalar cuestionamientos sobre la coordinación entre decisiones administrativas y la representación jurídica estatal en procesos judiciales sensibles.
El caso continúa generando repercusiones en el ámbito político, jurídico y de derechos humanos, a la espera de eventuales aclaraciones oficiales o acciones administrativas posteriores.